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EUGENIO G. MARTÍNEZ
En Twitter: @puzkas
eluniversal.com/opinion
Todas las miradas se dirigen en este momento al Registro Electoral (RE). La oposición lo impugna y los ciudadanos encuentran cada día más curiosidades que le sirven de sustento para desconfiar.
El RE ha sido revisado constantemente desde el año 2006 encontrándose anomalías que, en teoría, no afectarían el resultado de una elección presidencial. No obstante, cuando la diferencia entre las dos opciones es de apenas 1.49 puntos (224.742 votos) es obvio suponer que para muchos esos errores podrían estar definiendo la Presidencia de la República.
Por ejemplo, del RE se sabe que pondría en peligro los resultados de comicios locales. ¿Por qué? Más de un tercio de los municipios del país (116 de los 335) tienen sobrecobertura, es decir, presentan más electores inscritos que habitantes proyectados por el Censo.
Junto a la sobrecobertura destaca el problema de los homónimos: 21 mil votantes que tienen igual nombre, apellido y fecha de nacimiento pero distinta cédula de identidad. ¿Intento de fraude deliberado o consecuencia de la negligencia administrativa de quienes dirigen el sistema de identificación? ¿Negligencia administrativa que puede utilizarse para torcer la voluntad popular?
Los errores que los ciudadanos están encontrando en este momento en el RE podrían ser muchísimos más si el CNE, a mediados de 2006, no hubiese modificado 1.185.458 registros para eliminar nombres coincidentes o fechas de nacimiento extrañas.
Capel (brazo electoral de la OEA) en 2005; la UCAB, USB y UCV en 2006 y más recientemente la UCAB en junio de 2012 han señalado que la revisión digital del RE demuestra que sus errores "no afectan el resultado en una elección nacional" porque las anomalías quedan "disueltas" entre las cifras globales. Incluso la OEA llegó a decir que el padrón de votantes de Venezuela tiene menos de 3% de error, muy por debajo de los estándares internacionales de riesgo para bases de datos de votantes.
Para la elección presidencial del año 2006 esta revisión digital aportó la siguiente conclusión: la discrepancia entre valores observados y esperados indica que una importante proporción de los datos de los electores contenidos en el padrón tienen errores"; al analizar estas inconsistencias se pudo concluir que los errores "no parecen estar relacionados con la intención del voto en un evento comicial presidencial". ¿Fue así el 14 de abril de 2013?
Los estudios que reconocen los errores del RE, pero niegan su impacto en una elección de ámbito nacional, ya no son suficientes para diluir las dudas que sobre la base de datos de votantes tendrá un sector muy importante de la población. ¿Qué hacer ante la percepción de fraude que rodea al RE?
Si existiese acuerdo político se podría seguir el ejemplo de México y rehacer el padrón de votación. La emisión de la cédula de identidad electrónica (con chip incorporado) podría ser el escenario perfecto para construir un nuevo padrón de votantes. Desafortunadamente esa voluntad política aún no existe.
A falta de acuerdo para reconstruir el RE se podría recurrir a una verdadera auditoría del padrón de votantes que permita, entre otras cosas, determinar:
1) Exactitud (veracidad y precisión de los datos del archivo).
2) Consistencia (si el registro es coherente con los datos sobre composición espacial, edad y sexo).
3) Vigencia (si los fallecidos fueron excluidos y los inscritos son personas que cumplen con todos los requisitos legales para votar).
4) Cobertura (si efectivamente están inscritos todos los ciudadanos en edad de votar).
No obstante, podría ser un error enfocar las críticas solo en el RE. El padrón de votantes es una base de datos (blanda) que se nutre de otra base de datos, en este caso de los archivos del Saime. Si efectivamente existe voluntad política para despejar las dudas sobre la base de datos de votantes y su impacto en el resultado del 14 de abril será necesario permitir la auditoría del Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) y del Archivo de Extranjeros Cedulados (AEC) ¿Por qué? Aunque el RE se revisa todos los años el AVC no se audita desde el año 2003. En otras palabras, desde hace 10 años no existe control sobre quién emite los documentos de identidad y a quién se le otorgan. Entendiendo que la cédula de identidad es el requisito básico para estar en el RE el acuerdo político para limpiar la imagen de la base de datos de votantes deberá comenzar por el origen del problema: auditar el Saime.
Esta revisión aunque necesaria no es suficiente. La única forma de saber si el desorden administrativo en la expedición de documentos de identidad se utilizó para modificar la voluntad popular el 14 de abril radica en que el CNE permita la revisión detallada de los cuadernos de votación y realice la auditoría de no duplicidad de huellas. Todo pasa por el necesario acuerdo político y ante la ausencia de él cabe preguntarse: ¿A quién beneficia que existan dudas sobre el RE y los resultados?
emartinez@eluniversal.com
En Twitter: @puzkas
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Todas las miradas se dirigen en este momento al Registro Electoral (RE). La oposición lo impugna y los ciudadanos encuentran cada día más curiosidades que le sirven de sustento para desconfiar.
El RE ha sido revisado constantemente desde el año 2006 encontrándose anomalías que, en teoría, no afectarían el resultado de una elección presidencial. No obstante, cuando la diferencia entre las dos opciones es de apenas 1.49 puntos (224.742 votos) es obvio suponer que para muchos esos errores podrían estar definiendo la Presidencia de la República.
Por ejemplo, del RE se sabe que pondría en peligro los resultados de comicios locales. ¿Por qué? Más de un tercio de los municipios del país (116 de los 335) tienen sobrecobertura, es decir, presentan más electores inscritos que habitantes proyectados por el Censo.
Junto a la sobrecobertura destaca el problema de los homónimos: 21 mil votantes que tienen igual nombre, apellido y fecha de nacimiento pero distinta cédula de identidad. ¿Intento de fraude deliberado o consecuencia de la negligencia administrativa de quienes dirigen el sistema de identificación? ¿Negligencia administrativa que puede utilizarse para torcer la voluntad popular?
Los errores que los ciudadanos están encontrando en este momento en el RE podrían ser muchísimos más si el CNE, a mediados de 2006, no hubiese modificado 1.185.458 registros para eliminar nombres coincidentes o fechas de nacimiento extrañas.
Capel (brazo electoral de la OEA) en 2005; la UCAB, USB y UCV en 2006 y más recientemente la UCAB en junio de 2012 han señalado que la revisión digital del RE demuestra que sus errores "no afectan el resultado en una elección nacional" porque las anomalías quedan "disueltas" entre las cifras globales. Incluso la OEA llegó a decir que el padrón de votantes de Venezuela tiene menos de 3% de error, muy por debajo de los estándares internacionales de riesgo para bases de datos de votantes.
Para la elección presidencial del año 2006 esta revisión digital aportó la siguiente conclusión: la discrepancia entre valores observados y esperados indica que una importante proporción de los datos de los electores contenidos en el padrón tienen errores"; al analizar estas inconsistencias se pudo concluir que los errores "no parecen estar relacionados con la intención del voto en un evento comicial presidencial". ¿Fue así el 14 de abril de 2013?
Los estudios que reconocen los errores del RE, pero niegan su impacto en una elección de ámbito nacional, ya no son suficientes para diluir las dudas que sobre la base de datos de votantes tendrá un sector muy importante de la población. ¿Qué hacer ante la percepción de fraude que rodea al RE?
Si existiese acuerdo político se podría seguir el ejemplo de México y rehacer el padrón de votación. La emisión de la cédula de identidad electrónica (con chip incorporado) podría ser el escenario perfecto para construir un nuevo padrón de votantes. Desafortunadamente esa voluntad política aún no existe.
A falta de acuerdo para reconstruir el RE se podría recurrir a una verdadera auditoría del padrón de votantes que permita, entre otras cosas, determinar:
1) Exactitud (veracidad y precisión de los datos del archivo).
2) Consistencia (si el registro es coherente con los datos sobre composición espacial, edad y sexo).
3) Vigencia (si los fallecidos fueron excluidos y los inscritos son personas que cumplen con todos los requisitos legales para votar).
4) Cobertura (si efectivamente están inscritos todos los ciudadanos en edad de votar).
No obstante, podría ser un error enfocar las críticas solo en el RE. El padrón de votantes es una base de datos (blanda) que se nutre de otra base de datos, en este caso de los archivos del Saime. Si efectivamente existe voluntad política para despejar las dudas sobre la base de datos de votantes y su impacto en el resultado del 14 de abril será necesario permitir la auditoría del Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) y del Archivo de Extranjeros Cedulados (AEC) ¿Por qué? Aunque el RE se revisa todos los años el AVC no se audita desde el año 2003. En otras palabras, desde hace 10 años no existe control sobre quién emite los documentos de identidad y a quién se le otorgan. Entendiendo que la cédula de identidad es el requisito básico para estar en el RE el acuerdo político para limpiar la imagen de la base de datos de votantes deberá comenzar por el origen del problema: auditar el Saime.
Esta revisión aunque necesaria no es suficiente. La única forma de saber si el desorden administrativo en la expedición de documentos de identidad se utilizó para modificar la voluntad popular el 14 de abril radica en que el CNE permita la revisión detallada de los cuadernos de votación y realice la auditoría de no duplicidad de huellas. Todo pasa por el necesario acuerdo político y ante la ausencia de él cabe preguntarse: ¿A quién beneficia que existan dudas sobre el RE y los resultados?
emartinez@eluniversal.com
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