EUGENIO G. MARTÍNEZ
En Twitter: @puzkas
A 10 meses de la elección presidencial el chavismo se encuentra en una encrucijada. Por primera vez en una década los indicadores sociales y de opinión pública no le garantizan el triunfo al presidente Hugo Chávez. Los números no son buenos, independientemente que VTV, Ciudad Caracas y José Vicente Rangel se empeñen en difundir tres respuestas (de un cuestionario de 30 preguntas) sobre la intención de voto registrada por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad) en su encuesta correspondiente a noviembre.
Llegó el momento en que el chavismo debe analizar si la mejor forma de garantizar la continuidad de la revolución pasa por paralizar -hasta octubre- su implementación. Por lo pronto, intentarán en las próximas semanas repetir la estrategia de 2003. (Revertir indicadores negativos por el impacto de las misiones sociales).
Recordemos por unos instantes el mes de noviembre de 2004. En un taller de planificación estratégica con alcaldes y gobernadores revolucionarios -muchos de ellos saltaron posteriormente la talanquera- el presidente Hugo Chávez confesó: "Un encuestador internacional vino a mitad de 2003 (...) fueron a Palacio y me dieron la noticia bomba: ´Presidente, si el referéndum fuera ahorita usted lo perdería´ (...). Entonces fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel. Le dije: 'Mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza', y me dijo: 'Sí, algo yo sé es de eso, cuenta con todo mi apoyo'. Y empezaron a llegar los médicos por centenares, un puente aéreo, (...) y a buscar recursos, aquí la economía mejoró, organizar los barrios, las comunidades (...) y entonces empezamos a remontar en las encuestas y las encuestas no fallan (...). No hay magia aquí, es política (...)".
Ocho años después de la aparición de las misiones el respaldo a la gestión de Chávez (promocionado en los últimos días con la encuesta del Ivad) sigue asociado a la relación emocional que mantiene con los electores y al sentimiento de inclusión social.
No obstante, a diferencia de hace ocho años, aceptación no necesariamente puede asociarse con intención de voto, salvo que el chavismo logre volver a posicionar la idea -en los segmentos D y E- de que "no existen alternativas a la revolución bolivariana".
La continuidad de la revolución se limita en este momento a la percepción que puedan generar las nuevas misiones y lo eficiente que sea el gobierno en repotenciar las viejas (El sistema de indicadores sociales del Ejecutivo Nacional está en alerta desde hace varias semanas).
Sin embargo, en caso que la estrategia de las misiones no sea suficiente (después de ocho años la gente posee expectativas más altas y más complicadas de satisfacer) no son pocas las voces que dentro del chavismo intentan convencer a Chávez -y a los círculos de poder dentro de la revolución- de la necesidad de posponer la radicalización para poder garantizar su reelección en octubre.
Lo interesante de la disyuntiva en que se encuentra el chavismo es que quienes avalan "detener" momentáneamente el proceso lo hacen porque consideran esta acción como un "repliegue" estratégico para garantizar el proceso de inclusión social (y para mantener sus privilegios y cuotas de poder).
Muy pocos creen que la necesidad de congelar a la revolución ( para poder garantizar abastecimiento, controlar la inflación y ofrecer la percepción de crecimiento y modernidad en año electoral) sea el indicativo del errado camino económico -y político- que se ha trazado.
Al chavismo le cuesta aceptar que se equivoca. La Ley de Costos y Precios Justos es el detonante de la última "división" ideológica del gobierno. Esta ley es el mejor ejemplo de cómo el presidente Chávez utiliza textos legales para intentar solucionar problemas específicos, sin tomar en consideración los factores que ocasionan los problemas.
Por esta simple razón es que sus leyes terminan siendo ineficientes desde la perspectiva económica, costosas para la sociedad, pero muy útiles para quienes pretenden controlar la sociedad para no ceder el poder.
Ya Armando León, director del BCV, confesó -ante un asombrado Ernesto Villegas- que una economía no puede funcionar sujeta a un mecanismo de ley.
La campanada ya fue dada. Si Chávez quiere reelegirse en 2012 necesita, además de repetir la estrategia de 2003, garantizar abastecimiento, promover inversión privada y volver eficiente a su entorno.
A pesar de las advertencias, el vicepresidente Elías Jaua y el yerno Jorge Arreaza impulsan el proyecto en una dirección distinta a la que recomiendan la mayoría de los asesores revolucionarios. Paradójicamente Jaua y Arreaza, dos de los hombres que mejor representan las ideas políticas y económicas que quiere imponer Chávez en Venezuela, son quienes podrían conducir a la revolución a una derrota electoral en 2012. En este momento Jaua y Arreaza juegan a favor de la oposición.
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